I. ¡RECHAZAMOS LA NUEVA CAMPAÑA MONTADA CONTRA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA DEL PERÚ PARA IMPEDIR SU LIBERTAD!
La reacción peruana y el gobierno aprista han puesto en marcha un protervo plan económico, político y social en el contexto de la repercusión de la crisis económica mundial.
Plan para impulsar la evolución del capitalismo burocrático pretendiendo convertir al Perú en “país del primer mundo”; para lo cual necesitan generar una nueva acumulación originaria de capital, es decir una más ingente concentración de capitales en menos manos a costa de la mayor plusvalía, mayor explotación y opresión a los de abajo. Así, requieren despejar su camino evolutivo impidiendo cualquier tipo de oposición, especialmente la de la clase y el pueblo; por estas razones el Estado se reaccionariza más, genera medidas y leyes de mayor negación y restricción de derechos y libertades democráticas, y aplica persecución, represión y muerte contra la clase y el pueblo. Sin embargo, aún con las dificultades presentes, el pueblo desenvuelve su propio camino y seguirá luchando opuesto al camino de los de arriba y sus siniestros planes, porque no tiene alma de esclavo.
En este contexto el Estado peruano ha desatado una nueva campaña contra la clase y el pueblo, parte de la cual es la nueva campaña contra los prisioneros políticos y de guerra, una de las partes más débiles de la sociedad, con el objetivo de impedir su libertad. Partiendo de una mentalidad congelada en las décadas de los 80 y 90, tuercen la realidad para generar la idea de que la subversión es el problema principal hoy, lo cual es evidentemente falso y lo que más bien se manifiesta es que se sigue usando el tema del llamado terrorismo como el “cuco” para contener al movimiento popular y su desarrollo.
II. ¡DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS CONTRA LA OFENSIVA DE LA REACCIÓN Y EL GOBIERNO ACTUAL!
1. La campaña ha iniciado con el montaje y manipulación de la libertad de la compañera Lori Berenson, para impedir la libertad de todos, movilizando además a la prensa más reaccionaria y conservadora para difundir toda una grita contra la libertad de casos emblemáticos de prisioneros políticos y especialmente de algunos dirigentes del PCP y del MRTA en vísperas de su legitima libertad.
Rechazamos que tomando el nombre del pueblo trafiquen con su comprensible dolor y lo usen para construir montajes con agentes de inteligencia, de “apedreamientos, persecución y acción represiva para negar la libertad de los prisioneros políticos. Esa no ha sido “la respuesta del pueblo ante la libertad de Lori Berenson”, compañera con quien nos solidarizamos una vez más.
2. Se ha hecho uso con fines políticos de la marcha de algunos jóvenes en San Marcos, quienes pedían amnistía general y rechazaban la campaña contra la libertad de los prisioneros políticos.
A más que rechazamos la negación de la libertad de expresión de los universitarios, lo que se pretende es convertir en delito la lucha por la amnistía general e imputarla de “apología del terrorismo”, como dijo Alan García: “pedir amnistía de Guzmán es hacer apología”. Las ideas no son delito; y además, el planteamiento de amnistía general hecho por el PCP, hoy ya es incluso propuesta de dos personalidades del mismo partido aprista (Villanueva Del Campo y Valle Riestra) y algunos miembros de las Fuerzas Armadas, quienes también lo ven como una necesidad.
3.- Otro hecho fue el humillante y vejatorio operativo policial militarizado montado por el gobierno aprista el 24 de junio contra las prisioneras políticas en el penal de Chorrillos, el que se llevó a cabo sin motivo o razón alguna ni amparo legal tampoco, sino más bien con abuso de autoridad y vejamen contra 40 mujeres mayores indefensas y con alrededor de 20 años en prisión.
Su objetivo fue fraguar pruebas para justificar la negación de libertades, desprestigiar a las prisioneras políticas e insistir en la persecución por convicciones ideológicas, tal como lo dijo el ministro Rey: La requisa ha sido para descubrir “qué terroristas no se han arrepentido”, “elemento determinante para que... no se les conceda ningún beneficio penitenciario”.
4.- En este contexto, el ejecutivo promulgo el Decreto Supremo 019-2010, con el que se retiran arbitraria e inconstitucionalmente a 500 profesores de las aulas, solo por el hecho de haber sido acusados de “terrorismo” en algún momento (hayan sido absueltos o condenados), violentando su derecho a trabajar y en el fondo su derecho a la reincorporación social.
Igualmente, han dado una ley confiscando un tercio del sueldo de los maestros activos y jubilados, así estén presos, a cuenta del pago de las exorbitantes reparaciones civiles.
5.- Prosiguiendo la negación de la libertad y persecución contra los ex prisioneros políticos dan nuevas medidas negándoles el derecho de reincorporarse a la sociedad, a través del cobro conminatorio del integro de la reparación civil, lo que les mantiene en constante zozobra, con amenazas y ejecuciones de embargos y hasta volviéndoles a encarcelar porque “no hay garantía suficiente” que cubra su onerosa reparación civil; concretándose así ilegalmente la prisión por deudas. Más, a los pocos que están con liberación condicional (anterior a la ley que la niega) se les pretende impedir la libertad por esta causa. Y peor aún, el Ejecutivo aprobó un proyecto para que el Congreso “debata” y apruebe hacer extensivo el cobro de la reparación civil a los familiares, quienes perderían el dominio de sus bienes a favor del Estado.
Así, en vez de derogar todo el sistema legal antisubversivo por ilegal, inconstitucional y violario de las Cartas Internacionales suscritas por el Perú, se confirma el fortalecimiento de tal legislación, lo cual es parte de la reaccionarización del Estado peruano. Pese a que la guerra terminó hace 18 años y no es problema principal, se sigue aplicando la misma legislación antiterrorista de los 80, concebida como arma de guerra contrasubversiva.
A pesar de esta ofensiva la lucha de los prisioneros políticos no se abandona y prosigue. Desde aquí saludamos la presentación, el 21 de junio, de 9,000 firmas para la acción de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos de julio 2007 y octubre 2009 por los que se crean nuevos delitos contra el llamado narco-terrorismo, se agravan las penas hasta reintroducir la cadena perpetua, se impone a los prisioneros políticos el pago íntegro de la reparación civil para acceder a la libertad, así como se les niega completamente los beneficios penitenciarios.
Denunciamos el arbitrario entrabamiento de las instituciones del Estado contra el procedimiento de esta Acción de Inconstitucionalidad.
Y llamamos a todo el pueblo y los demócratas a estar altamente vigilantes para no permitir que la reacción y su gobierno actual sigan reprimiendo y creando leyes inconstitucionales como la prohibición del derecho a la huelga o la caracterización de la protesta popular como delito, por ejemplo; es decir un conjunto de medidas que van contra la democratización.
III ¡LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PCP ESTAMOS POR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!
-¿Cuál es la real situación carcelaria de los 300 prisioneros políticos y de guerra del Perú?
El Estado peruano mantiene en prisión aún a cientos de prisioneros políticos, que ya llevan entre 18 y 22 años de carcelería ininterrumpida y tienen condenas de 25, 30, 35 años, hasta cadena perpetua sin beneficio alguno; y con un promedio de edad que fluctúa entre los 35 y 78 años.
De todo este tiempo de prisión, por más de 8 años 5,000 prisioneros políticos fueron sometidos a un régimen carcelario de aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado en las cárceles de máxima seguridad, siendo la más dura la Base Naval del Callao. Denunciamos que hasta hoy este ignominioso régimen se sigue aplicando en este penal militar, donde se encuentran cinco prisioneros políticos. Y, entre ellos, el único que es sometido a aislamiento e incomunicación absolutos, es el doctor Abimael Guzmán Reinoso, a quien además se le niega todos sus derechos reduciéndolo a la condición de no persona, lo que condenamos y exigimos se le trate como persona, se respeten sus derechos y cese su aislamiento e incomunicación absolutos y perpetuos.
A todos los prisioneros políticos se nos ha aplicado leyes de excepción. Fuimos juzgados por Tribunales Militares y jueces sin rostro, juicios ilegales que con la lucha de los prisioneros, familiares y personas democráticas, fueron anulados, juzgándosenos nuevamente en tribunales civiles pero también con leyes de excepción. Y a pesar de que la esencia de la inconstitucional legislación antiterrorista se mantiene, una parte logró salir en libertad: algunos, luego de más de 10 años en esta dura carcelería, fueron declarados inocentes; otros cumplieron sus penas; y otra parte logró su libertad con los muy restringidos beneficios penitenciarios (redención de pena de 7x1 y liberación condicional con ¾ partes de la pena) que, después de 16 años se nos restituyeron, en aras de compaginarse con los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. El derecho de todo preso a alcanzar su libertad antes de cumplir su condena por medio del estímulo de los beneficios penitenciarios, es parte de las libertades democráticas que todo Estado democrático otorga.
-¿Cuál es nuestra posición política actual?
Desde el año 93 hemos hecho público nuestro planteamiento de terminar la guerra y de pasar de lucha política con armas a lucha política sin armas. Consideramos necesario solucionar políticamente los problemas derivados de la guerra popular, lo que implica: Solución política, Amnistía general y Reconciliación nacional; posición en la cual nos mantenemos pues sirve al pueblo, a la necesaria democratización de la sociedad peruana y su futuro desarrollo. Es dentro de esta posición que enarbolamos nuestro derecho a participar en la vida política del país según el artículo 35 de la Constitución política vigente del Perú.
La sociedad peruana ya no es la misma que en los 80, la guerra terminó, las fuerzas revolucionarias fueron descabezadas, viven una derrota y enfrentan larga carcelería; más, siendo la guerra un hecho eminentemente político debe cerrarse definitivamente con una solución política y no militar ni represiva como lo viene aplicando el gobierno de García Pérez, siguiendo la línea de sus antecesores de oponerse a una solución política. Hasta hoy el Estado peruano ha mantenido posiciones cada vez más reaccionarias, sus gobiernos, del 92 a hoy, no teniendo sentido histórico de nación, ponen por delante sus mezquinos intereses de clase y de grupo, actuando bajo la política de “¡Hay del vencido!” y siguen usando el fantasma de la subversión para justificar su ataque al pueblo y despejar su camino reaccionario. Ahí se juntan en concesiones mutuas y componendas todos los responsables de la política contrasubversiva, dejando por el momento sus pugnas, los mismos que por 18 años se han opuesto a resolver políticamente este problema pendiente para ocultar y no asumir su responsabilidad en la causa de los hechos de 1980 al 92.
Con la última promulgación de los Decretos Legislativos 1094 a 1097, del 1ro de setiembre, que los exime de juicios y cárcel, se revela que los problemas derivados de la guerra popular siguen pendientes y necesitan resolverse, más aún, que buscan resolverlos pero no en función de los intereses generales de la sociedad peruana en su conjunto sino en función de sus intereses de grupo; así, por un lado impiden la libertad de los que con 18 a 22 años de carcelería la han ganado, para sepultarnos en la prisión; y ,por el otro, dan una encubierta ley de amnistía parcial favorable a ellos que no resuelve el problema ni sirve a la reconciliación nacional, haciendo evidente que la necesidad es ¡solución política, amnistía general y reconciliación nacional! Como lo plantea el PCP.
V. NUESTRA LIBERTAD ES UN DERECHO.
Esta nueva y reciente campaña contra la libertad de los prisioneros políticos y de guerra se ha sumado a la permanente estigmatización y persecución contra los ex prisioneros políticos, sus abogados y amigos para impedir su incorporación plena a la sociedad, aislarlos del pueblo o negarles su derecho a participar en la vida política del país.
Condenamos que mentes retrógradas hoy en el poder jalen la sociedad hacia atrás para no dar real solución a los problemas derivados de la guerra popular. Si el Estado se precia de democrático, debe resolver este problema pendiente y optar por la solución política y no por la militar ni la “judicial”; debe dar una amnistía general y no una encubierta amnistía parcial; debe dar por concluido el proceso de guerra y dar libertad a todos los partícipes de ambas partes para llegar de esa manera a la reconciliación nacional que el Perú necesita y el pueblo demanda. Sólo así se servirá a la democratización y desarrollo necesarios que el pueblo exige.
Por eso nos reafirmamos en seguir bregando incansablemente por solución política, amnistía general y reconciliación nacional a través de una lucha política sin armas, sirviendo al pueblo de todo corazón.
Y llamamos al pueblo a luchar junto a nosotros por nuestra libertad, pues todos los prisioneros políticos y de guerra del Perú hemos ganado ya ese derecho. El doctor Abimael Guzmán Reinoso, con 18 años de encierro, aislamiento e incomunicación absolutos en una prisión militar, tiene derecho a su libertad, y el Comité Nacional de prisioneros políticos y de guerra del Perú, renueva hoy, 12 de setiembre del 2010, su compromiso de luchar por hacerla realidad.
¡CONTRA LA NUEVA CAMPAÑA REACCIONARIA PARA IMPEDIR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ!
¡NUESTRA LIBERTAD ES UN DERECHO!
¡LUCHAR POR SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERA Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡LIBERTAD PARA EL DOCTOR ABIMAEL GUZMÁN REINOSO!
Perú, 12 de septiembre 2010.
COMITÉ NACIONAL DE PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA DEL PERÚ
